La Procuraduría de la República solicitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes, un informe detallado sobre la contratación de los programas de alimentación dirigidos a beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu en ese departamento. 

El Ministerio Público explicó que estas disposiciones se deben a “las denuncias realizadas, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se llevó la contratación directa”.

Como ha sido noticia nacional, entre los años 2008 y 2021 en La Guajira han muerto 5.320 niños y niñas por desnutrición, mientras que 16.000 se encuentran en estado de hambruna, denunció la líder indígena Beatriz Salas ante la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), citando una sentencia de la Corte Constitucional.

También denunció que solo 79 de 100 estudiantes son beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar (PAE), y los niños que logran acceder a la educación, deben caminar largos trayectos para llegar a las improvisadas escuelas.

Por estas razones la Procuraduría General inició un estricto seguimiento al presupuesto que ejecutó el Bienestar Familiar con diferentes fundaciones de La Guajira que prestan servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar.